La Unión Transitoria de Empresas TECSA-Panedile-Eleprint, que ejecuta la obra del Acueducto Desvío Arijón en sus tramos 2 y 3, presentó una explosiva nota al gobierno provincial en la que pide que le paguen una deuda que bordea los 380 millones de pesos, de lo contrario deberá “disminuir el ritmo” de los trabajos y avanzar en una “suspensión preventiva del personal”.
La iniciativa en cuestión tiene como objetivo llevarles agua potable a 8 localidades del centro santafesino. Las etapas 2 y 3 involucran a Matilde, San Carlos Centro y San Carlos Sur. El proyecto cuenta con financiamiento del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (Emiratos Árabes Unidos) y el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por un total de u$s 130 millones, lo que lo convierte en la obra con recursos extranjeros más grande de la historia de la provincia, según destacaron oportunamente desde el gobierno.
La misiva, a la que tuvo acceso Diario Santa Fe, está firmada por el representante de los contratistas, Daniel Ruiz, y dirigida a la Unidad Ejecutora. Tiene dos carillas de texto y una tercera página con el detalle de los certificados impagos. El título es: “Denuncia imposibilidad de sostener el ritmo de obra contractual por causas exclusivamente imputables a la comitente”. La comitente es la Provincia.
En primer lugar, la UTE subraya la “profunda preocupación por la situación de incertidumbre en que se encuentra inmerso el país y su impacto en particular respecto del contrato que nos ocupa”. Luego deja constancia de que “no es nueva para ustedes la gravedad de la situación económica financiera por la que atraviesa la obra ya que les fue denunciada por Pedido de Empresa Nro. 72 y planteada personalmente en una reunión que pedimos por nota del 4 de septiembre de 2019”.
Al respecto, recuerda que se juntaron con el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, y con el de Infraestructura, José Garibay, para tratar “particularmente la inseguridad respecto a los pagos y la financiación de la obra”. Admite que hubo “buen entendimiento” y “empatía” pero asevera: “aún no se han vislumbrado acciones concretas que den solución al problema”.
Posteriormente, el representante empresario se queja de que “esta obra demand agrandes inversiones en materiales y equipos” y que “requiere considerables erogaciones en dólares estadounidenses, que, además, no son reflejados en forma inmediata en los índices que actualizan el contrato”.
“Como consecuencia de estas circunstancias y las demoras e incumplimientos del Comitente –continúa- esta UT (Unidad Transitoria) se vio imposibilitada de hacer frente a las obligaciones asumidas con sus proveedores en tiempo y forma, devengándose sumas altísimas en concepto de intereses por la demora en el pago. Este ha sido el caso de proveedores como los de hormigón, hierro, caños (Thyssen), el subcontrato de excavación, etc.”
En este contexto, pone de relieve que en la obra trabajan “aproximadamente 181 personas (propias y de subcontratistas)” a quienes se les pagó “la quincena y el sueldo en tiempo oportuno, entendiendo la prioridad alimentaria de nuestra gente”.
Pero todo esto, según Ruiz, obligó a las empresas asociadas a “hacer aportes de capital para paliar la situación, y ante la imposibilidad de continuar con ésta modalidad, se solicitaron líneas de descubierto a los Bancos.Descubiertos que generan intereses impagables y que necesariamente hay que afrontar, porque no existe la posibilidad de ceder los certificados con un banco o entidad financiera, porque el financiamiento proviene de un crédito externo”.
Y más adelante, dispara: “es una obligación nuclear a cargo del Comitente el pago de los certificados en tiempo y forma y no es obligación del Contratista financiarlo. Y estos incumplimientos por parte del Comitente imposibilitan el normal desarrollo en la ejecución de la obra”.
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Ya casi sobre el final de la nota, las constructoras aportan precisiones de la deuda e indican que “el último certificado que se ha cancelado es el del mes de Junio de 2019 (Certificado Nro. 11), que se pagó a los 90 días del cierre de medición, en vez de a los 60 días como manda la Ley de Obras Públicas”, con lo cual “se adeudan los certificados ya vencidos de Julio y Agosto (Certificados Nro. 12 y 13)”. “Y lo que es más grave aún, no se da certidumbre sobre su fecha de efectivización”, se lamenta, para después advertir que “lo alarmante es que no es la primera vez que el Comitente entra en mora, como ya lo ha hecho con los certificados N°11 del mes de Junio 2019 por los cuales se han reclamado interese spor nota del 3/10/19, sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento”.
En este contexto, las empresas suben la presión al máximo: “Frente a este escenario crítico, resulta absolutamente necesario que el Comitente abone los certificados adeudados antes del 15 de Noviembre, fecha de pago de las quincenas de los trabajadores, para poder atender a esta necesidad vital de cualquier obra. No es intención de esta UT disminuir el ritmo de la obra procediendo a la suspensión preventiva del personal ocupado en la misma y así se ha demostrado con la continuidad de las tareas y honrando las obligaciones pese a las demoras en los pagos. Y estas causas económicas no imputables a esta Contratista, deben ser atendidas por el Comitente para evitar consecuencias indeseadas para todos”.
La nota, que concluye en su parte de texto con un pedido de “urgente respuesta a la altura de la gravísima circunstancia planteada”, pone los números del reclamo en un cuadro final. Son $365.188.701,84 por los certificados vencidos no pagos más $ 14.255.622,62 por intereses devengados al 6 de noviembre. En síntesis, el total de dinero que debería pagar la Provincia en esta semana para evitar que se frene la obra es $379.444.324,46. Que no parezca poco.
Por Gustavo Castro - Diario Santa Fe
