La flamante comisión comunal de Maciel dejó sin efecto las ordenanzas que permitían a una empresa el uso de suelo para la construcción de ocho cavas destinadas al vuelco de residuos. La decisión puso punto final a un año de reclamos y resistencia por parte de una importante porción de la comunidad, que veía en el emprendimiento un foco altamente contaminante. Y también a un conflicto que dividió al pueblo y que fue, en gran medida, lo que le hizo perder las elecciones al anterior presidente comunal.
La medida se materializó en una ordenanza, la Nº 037/2015, de tres puntos. El primero declara "nula de nulidad absoluta" la ordenanza Nº 022/2014, que permitía el uso del suelo a la empresa DHSH para la construcción de las cavas, por "carecer de elementos esenciales que la privan de legalidad y validez". Ocurre que aquella norma estaba viciada de irregularidades administrativas y procedimentales. El segundo artículo de la nueva disposición deroga la ordenanza Nº 028/2015, que ratificaba los términos de la anterior, y la declara "nula de nulidad absoluta". El tercer punto de la nueva ordenanza declara a Maciel "localidad libre de residuos provenientes de otras localidades".
La administración que encabeza Carlos Ramella no esperó a realizar un plebiscito, tal como se había propuesto en la campaña, para que la población votara en favor o no de las cavas. Pero tuvo motivos para encarar la medida. El 15 de diciembre, y pese a que el emprendimiento no estaba terminado ni tenía final de obra, 19 camiones ingresaron al predio donde ya hay construidas unas dos cavas y media, y volcaron allí sus residuos. Esto motivó una inmediata denuncia de la comuna a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, que levantó un acta y ordenó cesar con el volcado hasta que el emprendimiento tuviera efectivamente final de obra. Incluso, el mismo Ramella aseguró a este diario que en aquella inspección se constató el volcado de residuos industriales.
Pero además, las autoridades tienen un as en la manga: 2.500 firmas de vecinos que se oponen al proyecto, de las cuales unas 1.350 fueron revalidadas en el Colegio Electoral. "Nosotros ya teníamos la determinación de frenar este proyecto, pero la inspección de Medio Ambiente no sólo determinó que se volcaban residuos industriales, sino que se hacían sobre una cava sin que estuviesen construidas las restantes, que servían para trasvasamiento y limpieza. Es decir que esa primera cava donde estaban tirando desechos sólo hacía de depósito", reveló el jefe comunal.
Un año. La ordenanza le valió a la comuna el beneplácito de la organización No a las Cavas, que desde hace un año viene protagonizando marchas y asambleas en contra del volcadero, por considerarlo un peligro al medio ambiente, pese a que la promesa era volcar en ellas residuos domiciliarios y productos de la poda y escamonda. Algo que los vecinos no creyeron desde el primer momento, por cuanto la empresa que las construía se dedica a la limpieza de plantas agroquímicas y de las sentinas de los barcos que llegan a Puerto General San Martín y San Lorenzo.
"Este es el producto de un año de marchas y asambleas contra un proyecto que el anterior presidente comunal, Jorge Marucco, defendía como si fuera un socio de la empresa", expresó a LaCapital una fuente de la organización que resistió el emprendimiento. Y recordó que la iniciativa contemplaba la construcción de ocho cavas de 60 metros por 40, y cuatro de profundidad, lo que permitía volcar 300 camiones tanque por cada reservorio. "¿Quién iba a controlar todo esto? Decían que los desechos que tirarían en el lugar serían inocuos cuando sabemos que desagotan residuos industriales y de la limpieza de los barcos. Esto era un negocio multimillonario", manifestó la misma fuente, convencida de que con las cavas Maciel se convertiría en "el gran cráter de contaminación de la provincia".
Ramella había manifestado su voluntad de retrotraer a cero la ordenanza que autorizaban las obras, que contaron con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente, aunque no tenía final de obra.
El conflicto. Tal como lo publicó La Capital en ediciones anteriores, Maciel se vio conmovida desde el año pasado cuando trascendió que una firma de Capitán Bermúdez había adquirido unos terrenos ubicados a tres kilómetros del casco urbano para construir las ocho cavas de depósitos de residuos.
En rigor, los habitantes del pueblo tenían venían de la mala experiencia de una cava clandestina que se había construido muy cerca de la zona urbana. Por eso se generó una fuerte reacción, que se consolidó al saberse que la anterior comisión comunal había otorgado a la empresa el certificado de "uso conforme de suelo", con el visto bueno de la provincia.
Los vecinos autoconvocados de Maciel organizaron numerosas reuniones en el salón parroquial de la localidad y se constituyeron en una comisión de reclamos con la participación de numerosas organizaciones y entidades locales y contaron con el asesoramiento de organizaciones como el Taller Ecologista de Rosario.
Marucco atribuyó una intencionalidad política a la movida, habida cuenta de que entre los referentes de la protesta había militantes de distintos partidos opositores.
A mediados de este año, las obras se suspendieron por 60 días, pero los vecinos no se quedaron quietos y presentaron en la Fiscalía un pedido de amparo que reforzara la suspensión de los trabajos.
Incluso, el senador provincial por el departamento San Jerónimo, Danilo Capitani, ingresó a la cámara Alta santafesina un pedido de informe al Ejecutivo sobre la situación de habilitación de las "cavas y/o vertederos" donde presuntamente "se volcarían desechos industriales provenientes del cordón industrial".
Ramella sabe que la medida tomada por el gobierno local puede generar alguna demanda judicial por daños y perjuicios, pero está dispuesto a dar batalla. "Habrá que defenderse, nosotros también tenemos el apoyo de la comunidad a través de firmas, y tenemos argumentos para demostrar las transgresiones que cometió la empresa", desafió.
Fuente: La Capital
